Tras el anuncio de una devaluación del 22% en el mercado oficial y un aumento en la cotización del dólar blue, diversas compañías líderes en diferentes sectores de Argentina decidieron suspender temporalmente sus ventas. Las empresas tomaron esta medida en medio de la incertidumbre económica generada por estas variaciones en las tasas de cambio. Aunque aún no se han presentado nuevos listados de precios, se espera que en las próximas horas se divulguen los valores actualizados, incluso para productos esenciales de la canasta básica.

Algunas consultoras que monitorean la inflación semanal ya anticipan un considerable aumento en los precios durante el resto del mes. Por ejemplo, Eco Go, una reconocida consultora liderada por Marina Dal Poggetto, estima que la inflación de este mes podría alcanzar alrededor del 13%. También prevén que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre tendrá cifras de dos dígitos. Las decisiones sobre sectores clave, como combustibles y tarifas, están en manos del gobierno y se espera que se tomen en función de la evolución de la cotización del dólar oficial.

Dentro de este panorama, varias empresas de distintos sectores han optado por detener sus ventas desde ayer en la mañana y planean reanudarlas este martes o incluso mañana, después de definir los nuevos precios. Incluso, una empresa líder en la industria alimentaria ha informado a sus clientes que durante lo que queda de agosto solo podrán adquirir hasta el 50% de sus pedidos históricos. Esta decisión busca asegurar un manejo cauteloso de los inventarios en medio de la incertidumbre.

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Cadenas de supermercados también han señalado que algunos proveedores no han cumplido con las entregas de pedidos o han dejado de aceptar pedidos temporalmente. Además, se advierte sobre posibles ajustes en los precios en las próximas horas, aunque no se han detallado los incrementos.

La actividad económica, que ya venía mostrando signos de declive en los últimos meses, se acelerará aún más debido a la inflación en aumento y las restricciones a las importaciones por la falta de dólares disponibles.

Se destaca que, en medio de esta situación, se tomó la decisión de mantener la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), optando por un nuevo acuerdo a pesar de las condiciones rigurosas propuestas por el organismo. Esto llevó a la implementación de una devaluación del 22% el pasado lunes, a cambio de un desembolso de aproximadamente $7.500 millones después del 23 de este mes.

Este ajuste en el tipo de cambio se suma a otras medidas fiscales, como el impuesto PAIS a las importaciones de bienes y servicios, que fueron anunciadas antes de las elecciones primarias (PASO). Estas medidas han contribuido al incremento inflacionario, afectando incluso a productos básicos como carne, pollo y lácteos. La inflación, que había alcanzado un mínimo del 6% en junio, se estima que habría aumentado a casi el 7% en julio y posiblemente al doble en agosto.

El equipo económico del gobierno ha prometido implementar medidas para mitigar, al menos parcialmente, el impacto de estos aumentos de precios. El líder político Sergio Massa ha propuesto una suma fija para los trabajadores tanto del sector público como privado, en especial para los salarios más bajos. Además, se planea reducir el impuesto a las Ganancias para los salarios más altos. También se prevé una actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la tarjeta Alimentar, que brinda asistencia a los sectores más vulnerables afectados por la inflación.

La sorpresiva devaluación del lunes tomó por sorpresa a la mayoría de las empresas, ya que se esperaba más bien un ajuste en el impuesto PAIS para encarecer las importaciones. La medida fue implementada sin previo aviso, lo que llevó a una reunión urgente en la Copal, la cámara que agrupa a los principales fabricantes de alimentos. Para abordar estas cuestiones, se ha programado una reunión de industrias en la Unión Industrial para el martes por la tarde.

El Gobierno sugiere que las empresas han aumentado sus márgenes de ganancias en los últimos meses, lo que les permitiría absorber esta subida repentina del tipo de cambio sin necesidad de trasladarla directamente a los precios de los productos. Sin embargo, esta postura oficial podría generar tensiones con las compañías. A partir de este momento, comienza una batalla entre los intereses económicos y las necesidades de la sociedad, lo que sin duda tendrá implicaciones en el próximo proceso electoral.